Condenadas a 7 años de prisión dos docentes por vejar a menores con discapacidad en un colegio de Pozuelo

Dos docentes de un colegio de Educación Especial en Pozuelo de Alarcón han sido condenadas a siete años de prisión por vejar y humillar a siete menores con discapacidad intelectual. La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal nº1 de Madrid, considera probado que en 2019 ambas docentes dirigieron expresiones despectivas y amenazas a menores con síndrome de Down, hechos que han sido calificados como delitos contra la integridad moral, agravados por la especial vulnerabilidad de las víctimas.

Así lo han comunicado desde Legálitas, el despacho de abogados que ha formado parte de la representación legal de las familias de los menores, y que ha valorado positivamente la resolución judicial: "Estamos satisfechos con la sentencia, confiando en que pueda resarcir a los menores por los daños sufridos y sirva como alerta para aquellos padres que observen algún comportamiento inadecuado, por parte de los cuidadores de sus hijos, en cualquiera de las circunstancias que pudieran darse”.

Los abogados Manuel Marchena y Nicolás Lerma, expertos en derecho penal y miembros del equipo legal de Legálitas, han intervenido en el caso desde su fase de instrucción. La investigación comenzó tras el hallazgo de una grabadora que los padres de una de las víctimas colocaron en un peluche, ante la sospecha de que su hija podría estar sufriendo algún tipo de maltrato en el colegio. Las grabaciones evidenciaron los gritos, amenazas y comentarios vejatorios que las trabajadoras dirigían a los alumnos.

Según la sentencia, la profesora de pedagogía terapéutica y la auxiliar técnica de educación del centro Fundación Gil Gayarre utilizaron un “tono despectivo” y un “contenido claro e inequívoco vejatorio” en sus intervenciones con los menores. La jueza destaca además la “vulnerabilidad propia” de los niños, tanto por su edad como por sus limitaciones intelectuales.

Además de la pena de prisión, ambas docentes han sido inhabilitadas para ejercer cualquier empleo en centros con menores o personas con discapacidad durante el periodo de condena. También se les ha impuesto la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de los menores afectados o comunicarse con ellos durante dos años. En el ámbito civil, deberán indemnizar con 5.000 euros a tres de las víctimas.

Por su parte, la Fundación Gil Gayarre, responsable del colegio concertado donde ocurrieron los hechos, ha sido declarada responsable civil subsidiaria, debiendo hacerse cargo de las indemnizaciones si las condenadas no cumplen con el pago.